Los recientes episodios que involucran a integrantes de las fuerzas de seguridad vuelven a poner sobre la mesa un debate que trasciende la coyuntura. Más allá de cada caso particular, la salud mental de las y los funcionarios policiales plantea interrogantes que requieren respuestas institucionales y políticas públicas sostenidas.

Cada vez que un efectivo o una efectiva policial atraviesa una situación extrema, la atención pública suele concentrarse en el hecho puntual. Sin embargo, una vez que los titulares desaparecen, queda pendiente una discusión mucho más profunda: ¿quién cuida a quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la sociedad?

La función policial implica convivir diariamente con situaciones de violencia, accidentes, conflictos familiares, delitos, tragedias y emergencias. A ello se suman jornadas extensas, cambios de horarios, presión permanente, responsabilidades crecientes y la necesidad de tomar decisiones bajo circunstancias de alto estrés.

En ese contexto, la salud mental deja de ser una cuestión individual para convertirse en un tema institucional y de interés público.

En Entre Ríos, la preocupación ya fue reconocida oficialmente. Durante 2025, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, confirmó que se habían registrado suicidios dentro de la fuerza y anunció el fortalecimiento de los dispositivos de asistencia psicológica. También reconoció que muchos integrantes de la institución no solicitan ayuda por temor a ser estigmatizados o a que ello tenga consecuencias sobre su carrera profesional.

Meses más tarde, un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados buscó conocer cuántos suicidios, intentos de suicidio, episodios de ideación suicida y conductas autolesivas se registraron entre el personal policial, con el objetivo de contar con información que permita diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

Pero las estadísticas, por sí solas, no alcanzan.

Detrás de cada número hay una persona, una familia, compañeros de trabajo y una institución que debe preguntarse si está haciendo todo lo posible para prevenir estas situaciones.

También aparecen interrogantes que merecen una respuesta institucional.

¿Quién acompaña a un efectivo o una efectiva después de haber atravesado un hecho traumático? ¿Qué dispositivos existen para contener emocionalmente a quienes participaron en intervenciones de alta complejidad? ¿Quién realiza el seguimiento de quienes se encuentran bajo tratamiento por problemas de salud mental? ¿Existen protocolos que evalúen periódicamente su evolución y determinen si las tareas que desempeñan son compatibles con su estado de salud?

La prevención no puede comenzar cuando la crisis ya se manifestó. Debe existir una política permanente de detección temprana, seguimiento profesional y acompañamiento continuo.

Pero el desafío no termina allí. La salud mental también puede verse afectada por las propias dinámicas internas de una organización jerárquica. La presión laboral, las relaciones de mando, los cambios de destino, la sobrecarga de tareas, la incertidumbre respecto de la carrera y los conflictos que puedan surgir dentro del ámbito de trabajo son factores que también merecen ser abordados desde una perspectiva preventiva.

En el caso de las mujeres que integran las fuerzas de seguridad, distintos estudios han señalado la importancia de contar con mecanismos eficaces para prevenir y abordar situaciones de desigualdad, violencia o acoso en el ámbito laboral, garantizando espacios seguros, confidenciales e imparciales para escuchar y acompañar a quienes atraviesan estas experiencias.

Hablar de salud mental no implica cuestionar la capacidad profesional de las y los funcionarios policiales. Muy por el contrario, significa reconocer que detrás de cada uniforme hay personas que también enfrentan angustias, pérdidas, conflictos familiares, desgaste emocional y situaciones que pueden afectar su bienestar.

La fortaleza de una institución no se construye ocultando estos problemas, sino generando condiciones para que quienes necesitan ayuda puedan pedirla sin temor a ser señalados, estigmatizados o perjudicados en su desarrollo profesional.

Garantizar la salud mental de las y los funcionarios policiales no constituye un beneficio ni un privilegio. Es una condición indispensable para el adecuado funcionamiento del servicio público.

Son ellos quienes deben intervenir cuando la sociedad atraviesa sus momentos más difíciles. Son quienes enfrentan diariamente situaciones de violencia, conflicto y emergencia. Son quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de toda la comunidad.

Por eso, también debe ser una responsabilidad del Estado garantizar que cuenten con las herramientas necesarias para preservar su salud mental.

¿Existen programas preventivos suficientes? ¿Se realizan seguimientos adecuados? ¿Las jefaturas reciben capacitación para detectar señales de alarma? ¿Se promueve una cultura institucional donde pedir ayuda sea considerado un acto de responsabilidad y no un motivo de estigmatización?

La discusión ya no puede limitarse a reaccionar frente a cada tragedia.

La salud mental de las y los funcionarios policiales debe convertirse en una verdadera política de Estado.

Porque no puede haber una política de seguridad sólida sin una política de cuidado para quienes tienen la responsabilidad de proteger a la sociedad.

Después de todo, cuidar a quienes nos cuidan también es una forma de cuidar a toda la comunidad.

Fuente: INFOSIBERIA