El juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Concepción del Uruguay ingresó en una etapa decisiva luego de que la fiscal federal Josefina Minatta solicitara penas de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para los exgendarmes Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, acusados de secuestros, torturas, allanamientos ilegales y asociación ilícita durante la última dictadura cívico-militar.

La causa, conocida como “Concepción del Uruguay II”, investiga hechos ocurridos entre 1977 y 1978 en la ciudad entrerriana, donde militantes del Partido Comunista y sus familias fueron víctimas de operativos represivos llevados adelante por integrantes del Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional. Según la acusación, los imputados participaron directamente en detenciones ilegales, tormentos físicos y psicológicos, amenazas y simulacros de fusilamiento.

Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, Minatta sostuvo que “una pena más exigua sería banalizar los crímenes de masa que han sucedido en nuestro país” y reclamó condenas de cumplimiento efectivo en cárcel común. La fiscal describió el accionar represivo desplegado durante un operativo realizado el 12 de mayo de 1977 en una vivienda donde se celebraba un cumpleaños y donde fueron secuestrados varios militantes políticos junto a menores de edad presentes en el lugar.

Según consta en la investigación, las víctimas fueron trasladadas a dependencias de Gendarmería donde sufrieron golpes, amenazas y torturas. Algunos testimonios relataron que fueron obligados a desnudarse, sometidos a golpizas y simulacros de fusilamiento, mientras que otros denunciaron tormentos con picana eléctrica.

Uno de los aspectos más sensibles del juicio es el abordaje de las violencias ejercidas contra niños y niñas durante los operativos represivos. La fiscal Minatta remarcó que tres menores fueron víctimas directas de privaciones ilegales de la libertad y amenazas. Entre los hechos mencionados, se encuentra el caso de un niño de cuatro años al que le apuntaron con un arma en la cabeza y permaneció secuestrado junto a su familia durante varios días. También se expuso el caso de un menor abandonado durante toda una noche en el balneario Banco Pelay tras la detención ilegal de su padre.

El proceso judicial está a cargo del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, integrado por los jueces Noemí Marta Berros, José María Escobar Cello y Eugenio Martínez Ferrero. Además de la fiscal Minatta, interviene la auxiliar fiscal Gabriela Velázquez.

La causa representa uno de los juicios más importantes por delitos de lesa humanidad desarrollados en la región en los últimos años y vuelve a poner en el centro de la escena el rol que tuvieron fuerzas de seguridad como Gendarmería Nacional en el terrorismo de Estado desplegado en Entre Ríos durante la dictadura.

Fuente: InfoSiberia