El gobierno de Javier Milei avanzó con un nuevo y fuerte ajuste presupuestario que impacta de lleno en áreas sensibles del Estado nacional. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, la administración nacional aplicó recortes por alrededor de 2,5 billones de pesos con el argumento de sostener el superávit fiscal y cumplir las metas acordadas con el FMI.

El ajuste alcanza subsidios energéticos, transferencias a provincias y municipios, salud pública, educación, obra pública, rutas, ciencia, cultura, programas sociales, Fuerzas Armadas y Parques Nacionales.

Uno de los sectores más afectados es el de las provincias y municipios, donde el recorte supera los 970 mil millones de pesos. La medida implica la eliminación de transferencias destinadas a gastos corrientes, servicios sociales y programas de desarrollo regional. Además, se profundizó la paralización de obras públicas, incluyendo proyectos de agua y saneamiento en provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Chubut.

En Entre Ríos, el impacto del ajuste ya comenzó a sentirse en distintas áreas sensibles. Uno de los casos más resonantes es el de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que sufrió un recorte de 540 millones de pesos destinados a infraestructura universitaria, afectando obras y proyectos académicos en varias ciudades de la provincia. A esto se suma la paralización de obras nacionales vinculadas a rutas, viviendas, agua y saneamiento, además de la caída de transferencias a municipios y programas provinciales. También se ven comprometidos programas sanitarios, becas estudiantiles y fondos destinados a la preservación ambiental, incluyendo áreas protegidas como el Parque Nacional El Palmar.

Hasta el momento, Rogelio Frigerio no ha protagonizado enfrentamientos directos ni una oposición frontal al ajuste impulsado por el gobierno nacional. Por el contrario, gran parte de sus declaraciones públicas muestran una posición de acompañamiento político al rumbo económico de Milei, aunque con reclamos puntuales vinculados principalmente a recursos, impuestos y obra pública para la provincia.

En materia educativa, el gobierno recortó más de 78 mil millones de pesos. La poda afecta al Plan Nacional de Alfabetización, becas estudiantiles, infraestructura escolar y el Fondo de Compensación Salarial Docente. También se suspendieron partidas destinadas a obras en universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La salud pública también sufrió un fuerte impacto. El ajuste supera los 63 mil millones de pesos y afecta programas de medicamentos, prevención y tratamiento del cáncer, además de políticas vinculadas al VIH, hepatitis y tuberculosis. Asimismo, hubo recortes en organismos estratégicos como el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante y el Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos G. Malbrán, donde se paralizaron obras y proyectos de laboratorios.

Las Fuerzas Armadas tampoco quedaron afuera del ajuste. El gobierno redujo más de 46 mil millones de pesos destinados al área, incluyendo la eliminación de fondos para la compra de helicópteros navales previstos para la base de Puerto Belgrano. La reestructuración afecta tareas de entrenamiento, mantenimiento y equipamiento militar.

En paralelo, los recortes alcanzaron a la Administración de Parques Nacionales, que perdió más de 2.500 millones de pesos destinados a mantenimiento, patrullajes, prevención de incendios y preservación ambiental.

El nuevo paquete de ajuste vuelve a profundizar el achicamiento del Estado impulsado por la gestión libertaria y genera preocupación en distintos sectores por el impacto social, educativo, sanitario y productivo que podrían tener estas medidas en todo el país.

Fuente: InfoSiberia