En dos jornadas legislativas, el bloque de Juntos por Entre Ríos consiguió avanzar con los proyectos de Compre Local, la reglamentación del juicio político y la reforma que limita las cautelares contra leyes provinciales. El PJ votó en contra de las tres iniciativas y advirtió sobre sus alcances.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos cerró una semana de fuerte debate político, en la que el oficialismo consiguió aprobar tres proyectos considerados prioritarios para su agenda legislativa. Sin embargo, las iniciativas llegaron al Senado sin el respaldo del bloque justicialista, que cuestionó tanto el contenido de las propuestas como la orientación política de las reformas impulsadas por el Gobierno provincial.

El primer cruce se produjo durante el tratamiento de la ley de Compre Local. Mientras el oficialismo defendió el proyecto como una herramienta para fortalecer la producción y el empleo entrerriano mediante un régimen de preferencia para proveedores radicados en la provincia, desde el PJ sostuvieron que la norma no garantiza una protección efectiva para las empresas locales y señalaron que el texto deja abiertos mecanismos que podrían desvirtuar ese objetivo.

Las diferencias continuaron al día siguiente con la media sanción de la reglamentación del juicio político. El oficialismo argumentó que la iniciativa cubre un vacío normativo y establece reglas claras para la aplicación de un instituto previsto en la Constitución provincial. Desde la oposición, en tanto, se plantearon observaciones sobre distintos aspectos del procedimiento y se reclamó un mayor consenso para una norma de fuerte impacto institucional.

El debate más áspero se registró durante el tratamiento de la reforma del Código Procesal Constitucional, que limita la posibilidad de que la Justicia suspenda mediante medidas cautelares la vigencia de leyes sancionadas por la Legislatura. El proyecto fue aprobado únicamente con los votos del oficialismo.

Desde el bloque justicialista advirtieron que la modificación restringe las facultades del Poder Judicial para ejercer el control de constitucionalidad y reduce las herramientas disponibles para proteger derechos frente a eventuales actos ilegítimos del Estado. En respuesta, el oficialismo sostuvo que la reforma apunta a preservar la división de poderes y evitar que resoluciones judiciales de carácter provisorio paralicen normas aprobadas por el Poder Legislativo.

Con estas tres medias sanciones, el oficialismo logró avanzar con parte de su agenda parlamentaria, aunque sin construir consensos con la principal fuerza opositora. El debate dejó expuestas diferencias de fondo sobre el rol del Estado, el funcionamiento de las instituciones y los límites entre los poderes públicos, en una discusión que continuará ahora en el Senado.

Fuente: INFOSIBERIA