Los datos se desprenden de una nueva herramienta de Google. Expertos afirman que podría ser clave para el desarrollo de políticas públicas, en un contexto de crisis climática y agudización de los fenómenos extremos.

En las últimas dos décadas, Argentina sufrió casi 30 mil inundaciones, un promedio de 1.400 al año y 30 a la semana, según un reporte elaborado por Google basado en informes oficiales y publicaciones periodísticas. La mayoría ocurrieron en los principales centros urbanos del país, la Ciudad de Buenos Aires y las capitales de Santa Fe, Córdoba, Salta, Corrientes. También afectaron especialmente a las ciudades de Bahía Blanca y Mar del Plata.

El 7 de marzo de 2025 se reportó el día con mayor cantidad de inundaciones de todo el registro: en total, hubo 325 en todo el país, las más sobresaliente en Bahía Blanca, donde hubo 18 fallecidos, miles de personas evacuadas. Ese día, en la ciudad cayeron 300 milímetros de agua en apenas 12 horas, equivalente a las precipitaciones de cuatro meses, y se registraron 198 inundaciones. A su paso, la inundación se llevó puesto a buena parte de la localidad: arrasó viviendas, puentes y rutas. Según las autoridades locales, las pérdidas económicas ascendieron a casi 300 millones de dólares.

La frecuencia de los eventos climáticos extremos —como lluvias y sequías— se agudizó en la última década, según coinciden expertos a nivel global. En 2025, un informe de la organización World Weather Attribution (WWA) indicó que si no hubiera calentamiento global, los escenarios climáticos que facilitaron las tormentas en Bahía Blanca serían “prácticamente imposibles”.

Dos meses y medio después, entre el 16 y el 18 de mayo de 2025, las ciudades de Zárate y General Rodríguez sufrieron inundaciones de gran magnitud que causaron cuatro muertes, anegamientos, destrozos y más de 4.000 evacuados. Un año antes, el 3 de marzo de 2024, cayeron 200 milímetros de lluvias en apenas cuatro horas en Corrientes capital, marcando la inundación más grande de la historia, según registros oficiales.

Los datos de inundaciones en las últimas dos décadas —en total se contabilizaron 28.775 en ese período— se desprenden de un informe elaborado por la plataforma Groundsource, una nueva herramienta de Google impulsada mediante inteligencia artificial que transforma la información pública —como notas periodísticas e informes oficiales de todo el mundo— en un registro de datos históricos sobre desastres climáticos.

Al tener su corazón en información pública, mayormente medios de comunicación, es de esperar que esta IA tenga ciertos sesgos en su información, priorizando muchas veces las inundaciones que son noticiables por sobre las que no.

De todos modos, expertos consultados por Página/12 valoraron la aplicación y señalan que se trata de una herramienta con potencial positivo para el diseño de políticas públicas, aunque marcan matices e indican que para eso es necesario dotar de presupuesto a áreas clave, como el Servicio Meteorológico Nacional, que desde hace meses sufre recortes por despidos y el cierre de estaciones en todo el país que son clave para los pronósticos.

Los datos de WWA exponen la fragilidad a la que está expuesto el país, donde los sistemas de drenaje han mostrado déficit estructural, de la mano de la expansión de la frontera agropecuaria y los desarrollos urbanos sin control ni proyección a largo plazo, en un contexto donde la evidencia científica señala que este tipo de eventos climáticos tienden a crecer y están asociados al cambio climático de origen antrópico.

De los datos a los hechos

Sistematizar información dispersa con inteligencia artificial para prevenir desastres climáticos, de eso se trata el proyecto. Y en esa dirección avanzan iniciativas en todo el mundo, usando los datos en ciencia predictiva. Algoritmos –con sesgos mediante– puestos al servicio de las políticas públicas. Al fin y al cabo, ¿a qué gobierno no le gustaría tener de antemano información sobre posibles inundaciones y evacuar de manera preventiva y efectiva a familias, salvando así vidas?

Sin embargo, la realidad en Argentina marca una dirección divergente. Recientemente, el Centro Argentino de Meteorólogos planteó que el país está “a punto de perder un pilar estratégico de la defensa nacional y la seguridad de sus ciudadanos” en un contexto en el que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) está al borde de un “colapso operativo” producto de la política de la motosierra. En abril fueron despedidos 140 trabajadores y el cierre de 40 estaciones meteorológicas en todo el país ha provocado un apagón meteorológico.

A esto se le suma la falta de inversión en obras públicas. Según datos del CEPA, en el último presupuesto se observa un nivel de ejecución extremadamente bajo, cercano a la paralización de los programas de obras públicas. Infraestructura en Municipios no registró ejecución, con una caída del 100%, mientras que los fondos destinados a Infraestructura Hidráulica registran un hundimiento del 85%, datos que no llaman la atención si se tiene en cuenta que en junio del año pasado el Poder Ejecutivo vetó la Ley de emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosalespor las fatídicas inundaciones de aquel 7 de marzo.

Fuente: PÁGINA 12