La Universidad de Buenos Aires encendió una señal de alarma por la crítica situación financiera de su sistema de salud. Según denunciaron sus autoridades, el gobierno de Javier Milei mantiene completamente frenada la ejecución de los fondos destinados a hospitales universitarios, lo que ya pone en riesgo la atención de cientos de miles de pacientes.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, la ejecución presupuestaria fue directamente nula: cero pesos transferidos para el funcionamiento de los centros de salud. La partida anual prevista asciende a 80.000 millones de pesos, pero la falta de giros en enero, febrero, marzo y abril generó una deuda acumulada cercana a los 20.000 millones, recursos clave para garantizar insumos, mantenimiento y servicios básicos.

Según informó la institución, el presupuesto asignado para el funcionamiento de estos centros de salud asciende a 80 mil millones de pesos para 2026. Sin embargo, entre enero y abril no se habría realizado ninguna transferencia de fondos, lo que compromete seriamente la operatividad de los hospitales.

La situación impacta especialmente en establecimientos clave como el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, el Hospital Odontológico Universitario UBA, el Instituto de Tisioneumonología Raúl Vaccarezza y el Hospital Escuela de Veterinaria UBA, todos dependientes de la universidad.

Desde la UBA alertaron que el desfinanciamiento pone en riesgo la atención de más de 700 mil pacientes que recurren anualmente a esta red hospitalaria. “La administración actual está incumpliendo su propio presupuesto y la Ley de Financiamiento Universitario. No es solo un conflicto administrativo; es una crisis sanitaria que afecta directamente a la gente”, señala el comunicado oficial.

Desde distintos sectores universitarios y sindicales advierten que la paralización de fondos no solo compromete la atención en la Ciudad de Buenos Aires, sino que sienta un precedente preocupante para el conjunto del sistema universitario nacional.

En ese marco, la decisión del Ejecutivo se suma al conflicto abierto por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025 con amplio respaldo parlamentario y posteriormente ratificada por la Justicia. Para los gremios docentes y no docentes, la situación configura una doble falta: el incumplimiento de una ley específica y la desatención del Presupuesto vigente.

Fuente: INFOSIBERIA