El escenario judicial del intendente de Colón, José Luis Walser, se tornó crítico tras la apertura de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) por presunto PECULADO.

La Unidad Fiscal Nº 2 investiga no solo el uso de un vehículo oficial para trasladar a su familia a la costa brasileña, sino también el posible uso indebido de viáticos para un evento oficial al que el mandatario no asistió debido al siniestro vial.

Según fuentes judiciales, el avance del expediente encamina a Walser hacia una condena e inhabilitación perpetua. Este desenlace marcaría el fin de su gestión y un duro golpe para la alianza PRO-Libertarios en Entre Ríos, que perdería a una pieza estratégica en la Costa del Uruguay.

La causa, que fue remitida desde la Sub-Unidad Anticorrupción de Paraná hacia la fiscalía con competencia en Colón, se sustenta en una denuncia presentada por concejales que cuestionan la legalidad del traslado de la familia del intendente en una camioneta Mitsubishi de siete asientos, propiedad del municipio. La fiscalía ya ordenó una serie de medidas probatorias que incluyen la recopilación de documentación administrativa, informes migratorios del Paso de los Libres y antecedentes registrales del rodado involucrado en el siniestro ocurrido en territorio brasileño. El foco de la investigación se centra en determinar si Walser desvirtuó una invitación institucional en Porto Alegre para realizar un viaje de descanso familiar en la ciudad balnearia de Torres, utilizando recursos del Estado para fines personales.

El hecho que precipitó el escándalo ocurrió en diciembre pasado, cuando el vehículo conducido por el intendente despistó y volcó por un barranco de una ruta brasileña bajo intensas lluvias. El accidente provocó heridas de extrema gravedad a su esposa, Gimena Bordet, quien sufrió perforación pulmonar, fractura de pelvis y debió ser sometida a una traqueotomía en Porto Alegre, además de fracturas sufridas por una de sus hijas menores. Si bien el entorno del mandatario intentó justificar el periplo bajo el marco de una reunión del Comité de la Cuenca del Río Uruguay, la justicia sospecha de maniobras de encubrimiento que también involucrarían a Mariano Bravo, el funcionario que quedó a cargo del Ejecutivo Municipal durante la ausencia de Walser.

La resolución de este conflicto judicial es seguida con máxima atención por toda la provincia, dado que la condena de Walser dejaría un vacío de liderazgo difícil de llenar para el oficialismo entrerriano en el departamento Colón. Al ser un delito contra la administración pública, la inhabilitación para ejercer cargos es una accesoria de cumplimiento obligatorio que borraría al actual intendente del mapa electoral de manera definitiva. Mientras la fiscalía continúa recolectando pruebas sobre el uso irregular de los bienes públicos, el PRO y los Libertarios enfrentan la posibilidad real de perder su bastión más importante en el corredor del río Uruguay, debilitando su estructura territorial frente a futuros compromisos electorales.trás de su destitución; pero a nadie escapa la influencia que tiene hacia el interior del Ministerio Público Fiscal.

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