La restitución de la procuradora adjunta preocupa a dirigentes del peronismo entrerriano con causas abiertas. En los tribunales también miran con atención.

La escena parece extraída de una obra de teatro: un grupo de señoras recibiendo en las escalinatas de los tribunales a la actriz principal, Cecilia Goyeneche, en su vuelta formal como procuradora adjunta de Entre Ríos. No le faltó nada al acto; ni las flores que la repuesta funcionaria judicial agradeció con una sonrisa amplia.

Goyeneche volvió oficialmente esta semana a su cargo de segunda en el escalafón de fiscales de Entre Ríos, después de casi cuatro años, luego de atravesar un proceso disciplinario en el que fue destituida y que quedó sin efecto luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) admitiera que tuvo irregularidades insalvables.

Su retorno supone una mala noticia para quienes impulsaron el jury, desde dentro de los tribunales y también en los rincones políticos. Ella misma apuntó con fervor hacia allí durante todos estos años: los exgobernadores peronistas Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, ambos con causas judiciales en trámite, fueron los más señalados por querer dar con su destitución un “mensaje disciplinador” para el Poder Judicial.

Cecilia Goyeneche canta Volver

Goyeneche dice que vuelve sin rencores, pero es probable que la agenda judicial la tenga en lugares de protagonista, manejando los hilos de causas sensibles para la política.

Tal vez al tope de las preocupaciones está el impulso de una segunda etapa de la causa de los contratos truchos en la Legislatura. Hay una investigación penal preparatoria en marcha desde fines del año pasado, sin nombre propios, pero con los cañones apuntando a los presidentes de las cámaras entre 2008 y 2018, todos hombres relevantes del peronismo. Casualidades.

Por el mismo carril de investigaciones en marcha corre la suerte de Bordet, uno de los principales apuntados por Goyeneche, a tal punto que llegó a acusarlo de encabezar “un sistema corrupto” con complicidades entre la justicia y la política.

El diputado tiene abierta una investigación por enriquecimiento ilícito en los tribunales de Concordia y causalmente la causa quedó en manos de José Emiliano Arias, uno de los más enérgicos defensores de Goyeneche. El legislador pidió en su momento una auditoría sobre su patrimonio y la causa se mantiene en stand-by, aunque abierta y eso solo ya es motivo de preocupación.

El sueño entrerriano hecho trizas

Más comprometido aparece Urribarri, que carga sobre sus espaldas una condena de ocho años de prisión y este año enfrentará dos procesos muy complejos que van camino al juicio oral, uno por enriquecimiento ilícito y otro por haber favorecido contrataciones a favor de su presunto testaferro.

Urribarri, quien gobernó entre 2007 y 2015, fue condenado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública por haber desarrollado un plan que consistió en un desvío millonario de fondos públicos para promocionar una fallida candidatura presidencial, que se dio en llamar el sueño entrerriano.

El exgobernador pasó unos meses en prisión y actualmente se encuentra en libertad, aunque con restricciones; por ejemplo, no puede salir de Concordia. La definición de la causa en la CSJN es inminente: ya votó Horacio Rosatti y restan pronunciarse Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. De lo que digan depende que vuelva a la cárcel o permanezca en libertad.

Nubarrones en Entre Ríos

El cielo que cubre a Urribarri está cubierto de nubarrones. En los próximos días comenzará la etapa de remisión a juicio de una causa por enriquecimiento ilícito donde los fiscales adelantaron que pedirán que sea condenado a cinco años y medio de prisión.

La acusación le atribuye un crecimiento patrimonial no justificado de 11.546.772,05 pesos argentinos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros, entre inmuebles, viajes, objetos de lujo y vehículos, por ejemplo.

Para lograrlo, según los fiscales, se valió de hombres de paja o testaferros. Uno de ellos, el empresario de nacionalidad paraguaya Diego Armando Cardona Herreros también estará sentado en el banquillo de los acusados en esta y en otra causa por haber sido favorecido con contrataciones para desarrollar e implementar un software para la administración pública.

La acusación en esta causa sostiene que Urribarri favoreció a la empresa Relevamientos Catastrales SA, presidida por su amigo y testaferro, y que recibió de sobornos a través de viajes lujosos para él y su familia; e incluso algunos funcionarios del gobierno han admitido en juicios abreviados que cobraron coimas para beneficiar a Cardona Herreros, lo que complica aún más al ex mandatario provincial, a quien los fiscales pidieron que sea condenado a diez años de prisión.

¿Y Goyeneche? La repuesta procuradora adjunta ha dicho que no intervendrá en las audiencias, después de haber acusado a Urribarri de estar detrás de su destitución; pero a nadie escapa la influencia que tiene hacia el interior del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Letra P.